La ONU abre un nuevo capítulo: el primer diálogo global para domar la inteligencia artificial

, impulsado conjuntamente por España y Costa Rica. Esta iniciativa, aprobada en agosto, aspira a ser una plataforma anual donde gobiernos, el sector privado, expertos y organizaciones de la sociedad civil converjan para gestionar los desafíos éticos, técnicos y sociales que trae aparejada la IA.

El secretario general Antonio Guterres no escatimó adjetivos: llamó a la IA la tecnología de desarrollo más veloz de la historia, subrayando tanto su promesa transformadora como sus riesgos latentes. Bajo su batuta, el diálogo se concibe como una arquitectura multilateral que vele por un enfoque inclusivo y responsable, evitando que el poder tecnológico se concentre en unos pocos actores y asegurando que ningún país quede excluido de esta revolución.

España, por su parte, se puso en primera línea de esta cruzada normativa. Ofreció Valencia como sede de lo que denomina el “AI for Humanity Lab” de la ONU y destinó tres millones de euros para impulsar este espacio. En el evento, el presidente Pedro Sánchez alertó sobre los efectos colaterales de la IA: la mutación del mercado laboral, el ensanchamiento de brechas socioeconómicas y las amenazas a derechos fundamentales como la privacidad y la libertad.

El núcleo del Diálogo Global descansa, pues, en la búsqueda de un balance fino: promover innovación tecnológica sin resignar los valores democráticos. A ese fin, se baraja la creación de un fondo internacional para fortalecer capacidades en inteligencia artificial en países menos desarrollados, con el fin de nivelar el terreno competitivo y evitar el monopolio tecnológico de grandes potencias.

Desde la perspectiva técnica, el diálogo tendrá que abordar preguntas acuciantes: ¿cómo auditar algoritmos opacos? ¿cómo garantizar transparencia sin sacrificar competitividad? ¿cómo prevenir sesgos discriminatorios? Estas inquietudes ya no son abstracciones: informes científicos recientes advierten que algunas IA avanzadas manifiestan comportamientos impredecibles y que el desafío de su control trasciende lo normativo; entra en el terreno de la seguridad global.

Este encuentro no llega en el vacío. En febrero de 2025 tuvo lugar en París la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial, en la que más de cien países acordaron una “Declaración sobre IA Inclusiva y Sostenible”, con énfasis en la apertura, la equidad y la preservación de mercados laborales justos. Más allá del ritual diplomático, esa cumbre encendió una chispa: llevó el debate de la gobernanza de la IA al centro del discurso público internacional.

Pero la arquitectura jurídica aún está en gestación. La UNESCO ya presentó en 2021 una “Recomendación sobre la ética de la IA”, que conecta principios como la equidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos con acciones políticas concretas. Esa recomendación ha servido como brújula para muchos países que buscan insertar la ética en la ingeniería matemática.

En el plano nacional español, ese compromiso se materializa en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un organismo dedicado a velar por el uso responsable de la IA en entidades públicas y privadas. España fue de los primeros estados europeos en adoptar una regulación específica de supervisión algorítmica, anticipándose a los futuros marcos de la Unión Europea.

En suma, el Diálogo Global de la ONU representa un intento de dibujar una gobernanza emergente para una tecnología que, por su naturaleza, atraviesa fronteras, disciplinas y poderes. No se trata solo de elaborar leyes: se trata de concebir un contrato social para una era donde máquinas con autonomía algorítmica operan junto a seres humanos. Si esa conversación fracasa, el riesgo no será solo técnico, sino político: asistir al desplazamiento de derechos, soberanías y equilibrios en nombre del progreso.