Cuando el respirador respira al revés: el escándalo de Philips y los ventiladores que prometían salvar vidas

Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, el sistema de salud mexicano acogió con esperanza miles de ventiladores del modelo E30 de Philips, destinados a auxiliar a pacientes graves. Lo que en su momento se presentó como una línea de vida se transformó con el tiempo en una acusación de negligencia: esos equipos estarían defectuosos, podrían liberar partículas tóxicas, fallar en su funcionamiento e incluso haberse asociado con muertes.

En mayo de 2020 ingresaron al país dos mil ventiladores remitidos por Philips, con valor estimado de 20 millones de dólares, distribuidos en 255 hospitales públicos. Un año después, en junio de 2021, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos emitió una alerta Clase I —la más grave— para advertir que la espuma interna utilizada para amortiguar el ruido podía degradarse y liberar compuestos orgánicos volátiles o partículas que los pacientes podrían inhalar.

A pesar de esta alerta internacional, en México se documentaron miles de equipos aún en uso. Al menos 3 500 seguían operando en hospitales públicos y privados, según las demandas colectivas más recientes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reaccionó hasta octubre de 2025, cuando solicitó la inmovilización y segregación de los ventiladores tras la presentación de una demanda civil y penal interpuesta por familiares de víctimas.

Philips sostiene que desde 2021 ha colaborado con las autoridades sanitarias para el retiro voluntario de los equipos afectados, aunque admite que no tiene control sobre el inventario hospitalario. En cambio, una distribuidora mexicana —Healthcare Systems de México, S.A. de C.V.— afirma haber advertido sobre los riesgos y acusa a la empresa neerlandesa de incumplir compromisos contractuales, lo que derivó en una disputa legal. Paralelamente, al menos 43 familias mexicanas han denunciado que los ventiladores defectuosos ocasionaron daños graves e incluso la pérdida de vidas, y exigen reparación del daño y responsabilidades penales.

El fallo técnico se centra en la degradación de la espuma de poliéster-poliuretano (PE-PUR) dentro de los ventiladores, que pudo liberar partículas tóxicas o compuestos orgánicos volátiles en contacto con pacientes vulnerables. En el plano institucional, el caso exhibe la fragilidad del sistema de vigilancia sanitaria en México y la lentitud con la que se respondió ante una alerta internacional. Y en el terreno ético, la paradoja es brutal: equipos adquiridos o donados “para salvar vidas” pudieron haber representado un riesgo mortal.

El proceso judicial aún se encuentra en sus primeras etapas, pero podría marcar un precedente en la responsabilidad de los fabricantes de dispositivos médicos en México. Las familias no solo buscan una compensación económica, sino también reconocimiento público del daño y garantías de no repetición.

Philips, mientras tanto, enfrenta el reto de demostrar con documentos el retiro efectivo de los equipos, la trazabilidad de cada unidad y un control más riguroso sobre su cadena de distribución. En este tablero donde la salud pública se encontraba ya bajo asfixia, la irrupción de un componente defectuoso opera como metáfora trágica: los ventiladores que debían dar aire se convirtieron, en algunos casos, en un recordatorio de la fragilidad humana y del silencio que deja una respiración interrumpida.