Contratista del INE habría amenazado a Taddei con revelar videos comprometedores
El escándalo de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) sumó un nuevo capítulo. José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con contratos millonarios del organismo, habría amenazado a la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala con revelar videos y declaraciones comprometedoras si algo le ocurría.
En una grabación difundida por Latinus, el empresario asegura que tiene información resguardada en distintos países y relata una advertencia que habría dirigido a la entonces presidenta del instituto.
“Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE”, afirma Hernández Casillas en el material presentado por el periodista Carlos Loret de Mola.
De acuerdo con la investigación periodística, el contratista habría almacenado grabaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá como una especie de seguro ante posibles represalias.
Los videos apuntan a que la relación entre Taddei y Hernández Casillas se deterioró durante los primeros meses de 2026, cuando comenzaron las confrontaciones por decisiones relacionadas con el organismo electoral.
Las 62 plazas y las presuntas irregularidades en la nómina
Las nuevas grabaciones no solamente exhiben amenazas. También revelan conversaciones sobre el manejo de plazas dentro del INE y la intervención de funcionarios cercanos a la antigua presidencia.
En uno de los videos, Hernández Casillas menciona 62 plazas presuntamente relacionadas con Iliana Araceli Hernández Gómez, exfuncionaria del instituto.
El empresario asegura que únicamente reconocía a dos personas vinculadas con esos puestos y rechaza que todas las plazas estuvieran bajo su control.
En otra parte de la grabación señala que una mujer que anteriormente prestaba servicios de masajes a la funcionaria habría sido incorporada a la nómina del INE.
Estas declaraciones abren nuevas interrogantes sobre posibles contrataciones irregulares y la influencia que proveedores externos habrían tenido en decisiones administrativas del instituto.
Sin embargo, los señalamientos contenidos en las grabaciones todavía requieren corroboración documental y no constituyen, por sí mismos, pruebas concluyentes de delitos.
Una red de proveedores bajo investigación
Hernández Casillas es uno de los empresarios señalados en las investigaciones sobre una red de compañías que durante años obtuvieron contratos con autoridades electorales federales y estatales.
Entre las empresas relacionadas con este entramado figura Cajas Graf, vinculada con la fabricación y suministro de materiales electorales.
La Auditoría Superior de la Federación investiga posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en contrataciones del sector electoral.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó el 4 de noviembre que incorporó a 40 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras consideradas de riesgo.
Diversos reportes periodísticos han señalado que Taddei y los hermanos Hernández Casillas estarían entre los involucrados, aunque la UIF no confirmó públicamente sus identidades.
El INE revisará una década de contratos
La difusión de los videos ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei, formalizada el 26 de octubre, en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y contrataciones públicas.
El 5 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.
El acuerdo también contempla preservar documentación, revisar los mecanismos de contratación y reforzar los controles internos.
Las nuevas revelaciones añaden otra dimensión al caso: la posible utilización de información comprometedora como instrumento de presión entre un proveedor y funcionarios del organismo electoral.
Las investigaciones deberán determinar si existieron amenazas constitutivas de delito, contrataciones simuladas o responsabilidades de servidores públicos.
Mientras tanto, el INE enfrenta una crisis institucional a las puertas del proceso electoral de 2027, con investigaciones que podrían extenderse mucho más allá de la administración de Guadalupe Taddei.
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