Aprueban reforma de nacionalidad para aspirantes a la Presidencia y gubernaturas

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- El Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional que establece como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con 86 votos a favor y 42 en contra, Morena y sus aliados (PT y PVEM) alcanzaron justo la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. El dictamen fue enviado a los congresos estatales para continuar con el proceso constituyente.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna. Establece que quienes busquen esos cargos deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. En caso de tener otra, deberán renunciar a ella antes de su registro como candidatos. Además, se prohíbe adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, así como invocar protección diplomática de otro país o utilizar pasaporte extranjero.

El proyecto ya había sido aprobado el pasado 22 de septiembre en la Cámara de Diputados, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Una vez que sea avalado por al menos 17 legislaturas locales, podrá ser declarado válido y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Durante el debate en el Senado, que se extendió por más de tres horas, el oficialismo defendió la medida bajo el argumento de la soberanía nacional. “Quienes aspiren a encabezar el Ejecutivo federal o una gubernatura deben tener una sola lealtad y una sola bandera”, señalaron legisladores de Morena. La presidenta Sheinbaum ha reiterado en días recientes que se trata de reforzar la defensa de los intereses de México.

Por su parte, la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votó en bloque en contra. Argumentaron que la reforma afecta los derechos de millones de mexicanos que cuentan con doble nacionalidad, especialmente los migrantes que residen en Estados Unidos, y advirtieron que podría generar discriminación. También cuestionaron la urgencia del cambio y señalaron inconsistencias, ya que algunos legisladores del propio oficialismo tienen doble nacionalidad.

La reforma no aplicará para las elecciones intermedias de 2027. Sus efectos se verán a partir del proceso electoral de 2028. En los artículos transitorios se establece que el Congreso deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Con esta aprobación, el oficialismo concreta una de las reformas constitucionales más discutidas del actual periodo legislativo, en un contexto marcado por el arranque formal del proceso electoral 2026-2027 y la cercanía de las elecciones intermedias.