EU sanciona a dos empresarios mexicanos por huachicol fiscal

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve empresas señaladas por integrar una red de contrabando de combustible que habría financiado al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante esquemas de evasión fiscal y operaciones con empresas fachada. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Oscar Guillermo Juraidini Silva como uno de los principales operadores financieros de la red. Según el Departamento del Tesoro, el empresario habría creado compañías fachada, alterado documentación aduanera e importado combustible desde Estados Unidos con clasificaciones falsas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El combustible era posteriormente distribuido a empresas gasolineras, generando ingresos millonarios para la organización criminal.

El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien Washington señala de introducir combustible de contrabando a territorio mexicano sin los permisos correspondientes y de realizar pagos a organizaciones criminales que controlan diversos cruces fronterizos para facilitar el traslado del hidrocarburo.

Como parte de las sanciones también fueron incluidas nueve empresas vinculadas con ambos empresarios, dedicadas a actividades de transporte, logística, servicios financieros e inmobiliarios. Entre ellas figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, Soma Transporte y Servicios, OF Transportes, Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señaladas por presuntamente brindar apoyo financiero y material al CJNG.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el llamado huachicol fiscal se ha convertido en una fuente creciente de financiamiento para los cárteles mexicanos. El esquema consiste en introducir combustible refinado a México ocultándolo bajo otra clasificación aduanera para evadir impuestos, utilizando documentación falsificada y una red de empresas en ambos lados de la frontera.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes e intereses de los involucrados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos sin autorización de la OFAC. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que también bloqueó cuentas relacionadas con la red, como parte de la coordinación entre ambos gobiernos para combatir las estructuras financieras que sostienen el contrabando de hidrocarburos.